Una gran parte de los mas de 4 millones de familias afectados por los ERTE muy probablemente no van a cobrar hasta junio 2020.
España esta sufriendo; por culpa del virus COVID 19, pero también por la extrema ineficacia de nuestro gobierno. Las políticas pasivas, es decir, el pago de los servicios sociales es competencia del Ministerio de Trabajo, cuya titular es Yolanda Díaz.
En el SEPE están con falta de personal, tienen procedimientos demasiados burocráticos con programas anticuados y una toma de decisiones con una lentitud equivalente a una forma de trabajar de hace décadas.
Muchos de los servicios de empleo apenas tenían personal para la tramitación de expedientes de regulación temporal, en la mayoría de Comunidades Autónomas habían recortado recursos hasta mínimos nunca visto. Según las ultimas cifras oficiales existen recortes de hasta mas de 40% en el personal para el SEPE.
También la Comisión Europea (CE) lo tiene claro: las oficinas del SEPE –el Servicio Público de Empleo Estatal- no funcionan. El Ejecutivo comunitario no deja en buen lugar el trabajo que se hace desde el Gobierno, y en su último listado de recomendaciones relativas al Programa de Estabilidad presentado en Bruselas advierte de que algo no marcha bien.
Los fondos comunitarios puestos a disposición del Ejecutivo español para protección social –a través de la Política de Cohesión para el período 2021-2027– sumarán 38.100 millones de euros, de los cuales una buena parte irán destinados a políticas de empleo, que la UE cree que deben emplearse en mejorar los deficientes sistemas y formas de trabajar en el SEPE.
La mala gestión habla por si, España gaste hasta 6.500 millones de euros anuales en los servicios públicos de empleo SEPE, de los fondos destinados a la protección social, con unos resultados nefastas.
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